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08-01-2018
"La irresponsabilidad de los gobernadores"
Mario Muñoz

A finales de diciembre pasado, la Secretaría de Gobernación presentó un diagnóstico de las policías preventivas de cada entidad federativa, con el objetivo de mejorar en una decena de indicadores. Los datos exhiben la irresponsabilidad generalizada de los gobernadores.



En el indicador del “estado de fuerza” se recomienda incrementarlo, generando procesos de reclutamiento, selección, evaluación, formación inicial, equipamiento y más infraestructura. “El estándar mínimo es de 1.8 policías por cada mil habitantes, según la ONU, pero el estatus nacional es de 0.8 considerando la depuración de elementos con resultado no aprobatorio en (las pruebas de) control y confianza”, revela el estudio. 



En otras palabras, el estado de fuerza a nivel nacional de las policías estatales preventivas es de 128,922 agentes, que dan una cobertura de 1.1 policías por cada mil habitantes. De éstos, 127,379 han sido evaluados y 8,921 (6.9%) cuentan con resultados no aprobatorios en la evaluación de control y confianza para ejercer la función de la seguridad pública, por lo que, al restar a los no aprobados, el estado de fuerza real operativo es de 120,001. 

Una primera conclusión es que las entidades federativas requieren formar a 115,943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, que significan 235,944 elementos en total. Así de lejana es la meta y la desatención de los gobernadores en el tema.



Por otra parte, sobre el indicador del “Certificado Único Policial (CUP)”, que es una herramienta establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite certificar que el personal tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones, la nota escandalosa es que apenas 50% tiene la certificación. El argumento es que, “a partir de enero de 2018, los Centros de Evaluación de Control de Confianza de las entidades federativas iniciarán la emisión de los CUP”.



Mientras tanto, hay más fallas estructurales en las corporaciones: 



79,838 agentes (61.9%) sin evaluación aprobatoria del desempeño.

73,186 policías (56.8%) sin evaluación aprobatoria en competencias policiales. 

31,003 elementos (24%) sin formación inicial o equivalente. 

27,359 policías (21.2%) sin evaluación aprobatoria vigente de control de confianza, de los cuales 8,921 (6.9%) tienen resultado no aprobatorio. 



Y sobre la actualización del nuevo sistema de justicia penal, la totalidad del estado de fuerza operativo debe actualizarse con una capacitación práctica de 30 horas mínimas anuales. Aquí, los tres talleres obligatorios en la materia son: Primero: La función del primer respondiente, la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y la cadena de custodia. Segundo: la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación. Tercero: El taller de investigación criminal conjunta. Sin embargo, el estado de fuerza se ha capacitado apenas en uno de los tres talleres. 



Ahora se entiende el por qué del “fracaso” del nuevo sistema de justicia penal.



En el tema de la formación policial, las academias en el país podrían egresar 24,374 policías cada año considerando el programa de “formación inicial del perfil de policía preventivo (con una duración de seis meses)”, con base en su capacidad de pernocta para los cadetes. El problema es que, para egresar a los 115,943 nuevos elementos que se requieren para completar el estado de fuerza idóneo, serían necesarios 4.7 años con las capacidades actuales. 



El rezago en el anterior punto es que solamente seis de las 39 academias e institutos de formación policial en el país cumplen con los 12 rubros requeridos: Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Sonora. En Jalisco, por ejemplo, se exhibe que las academias no cuentan con aulas de cómputo ni aulas de juicios orales. Tampoco tienen equipo audiovisual, áreas de entrenamiento ni pistas de prueba física ni vehicular.

¿A quién le sorprende que el año pasado cerró con récord histórico en ejecuciones y robos con violencia? 



Es imperdonable la forma en que los gobernadores han marginado a las policías en términos generales. Y aunque son los principales responsables del incremento de los delitos del fuero común, el Congreso de la Unión y el Gobierno de Enrique Peña Nieto ya los premió con la Ley de Seguridad Interior, con la intención de que sea el Ejército quien resuelva los problemas de inseguridad pública. 



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