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07-08-2017
"¡Van 500 millones a la cuenta de Aristóteles…!"
Mario Muñoz

A principios de 2013, entrevisté a Carlos Trejo como el “asesor” del gobierno electo de Aristóteles Sandoval, para el tema de las anomalías de los organismos públicos descentralizados (OPD’s). Tras una investigación, le expliqué todas las anomalías detectadas en los organismos estatales. Coincidió en todo y abrió una ventana para erradicar las irregularidades. “Venía el cambio”, precisó.

En ese año, la administración entrante ni siquiera sabía cuántos OPD’s había (se estimaban 64) ni cuántos empleados estaban en la nómina pública. ¡Así de absurdo! Apenas se reconocía que gastaban más de 20 mil millones de pesos en aquel ejercicio presupuestal.

Luego entrevisté a Ricardo Villanueva como secretario de Planeación, Administración y Finanzas y también coincidió en la existencia de organismos inservibles que derrochaban el erario. Ejemplificó al Instituto Prisciliano Sánchez, a la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, al Colegio de Bachilleres y a la Escuela de formación para el trabajo, como algunos de los OPD’s que debían desaparecer, fusionarse o entrar a una reingeniría para erradicar las anomalías.

Pasaron los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Y los organismos siguen dirigiéndose como quieren. Los excesos se demuestran en lo que está pasando con el Sistema de Transporte Colectivo para la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome). Ahora nos dicen que será el Gobierno de Jalisco (es decir, nuestros impuestos) el que asumirá una deuda por más de 500 millones de pesos de la paraestatal, pero es preciso que la autoridad revele quiénes fueron los culpables y las sanciones por la pésima administración. Y también cuánto costarán los finiquitos de los trabajadores del organismo que presta el servicio del transporte público (se estima en más de 40 millones de pesos).

Pía Orozco Montaño, quien en 2013 era la directora de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, es clave en el tema, porque era la funcionaria que supuestamente tenía la suficiente información sobre la operación de los OPD’s del Estado.

Es increíble que el Gobierno no previniera el daño al erario. La Contraloría de Jalisco debe sentar precedente y emitir sanciones ejemplares contra los servidores públicos que llevaron a la quiebra al Sistecozome. ¿Y la Fiscalía?

Aristóteles Sandoval tiene una cuenta pendiente con los jaliscienses, por lo pronto, por más de 500 millones de pesos. Alguien debe pagar por el desfalco a las arcas.

 
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