En Contraste
En Contraste - Seguridad: el trabajo pendiente
23-02-2018
El mes de febrero vive sus últimos días y lamentablemente (aunque no es ninguna sorpresa), la agenda de la inseguridad crece continuamente, dejando en ridículo a los miles de aspirantes a diferentes cargos públicos, incluidos los presidenciales, que se devanan los sesos pensando en propuestas para ganar votos, mientras que evidentemente los mexicanos exigen seguridad. Los casos son alarmantes y afectan territorios que antes eran impensables, por ejemplo las universidades. Tradicionalmente, las instituciones educativas en México parecían estar protegidas por una muralla invisible que evitada hechos de inseguridad en su interior; ahora, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pueden ser un día el escenario de una balacera (viernes 23 de febrero, con dos víctimas mortales), o igual se convierten en un espacio forense donde investigan muertes de estudiantes que pudieron ser asesinados. La Universidad de Guadalajara, la segunda institución educativa más grande del país, vive una situación parecida. Durante los últimos meses sus autoridades han denunciado que los estudiantes son víctimas de delitos como robos, acoso e incluso asesinatos. Y si en ciudades como Reynosa son comunes los bloqueos de vialidades por parte de grupos del crimen organizado, igual que hay balaceras, enfrentamientos y tráfico de migrantes, en urbes como Guadalajara, Acapulco, Colima, Tijuana o Monterrey, se convirtieron en “eventos regulares” los asesinatos múltiples, las desapariciones y los ataques –varios de ellos mortales– contra las autoridades. En el contexto de Jalisco, por ejemplo, no sólo ocurren desapariciones de ciudadanos de todas las condiciones (en la última semana se reportaron en varios municipios), sino que también desaparecen ciudadanos extranjeros: tres italianos, que literalmente fueron “levantados” en el municipio sureño de Tecalitlán y que ante las protestas públicas ocurridas en Italia, convirtieron al Estado en noticia internacional. El problema es de tal magnitud que la violencia y la inseguridad se apropiaron también de la competencia electoral. Uno de los candidatos en Jalisco, el priísta Eduardo Almaguer Ramírez, presentó denuncia formal por ser sujeto de un proyecto de atentado por parte de una célula del crimen organizado, presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si eso le ocurre a un candidato que pretende ser alcalde de Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país; si los asesinatos alcanzan a diputados (Saúl Galindo Plazola el pasado 28 de diciembre de 2017) y a policías de todas las corporaciones, ¿qué pueden esperar los ciudadanos comunes? Lo más grave de todo esto es que no existen proyectos para mejorar y equipar a las policías municipales; los debates por mejorar la estrategia a la criminalidad se quedaron guardados en la congeladora de la Cámara de Diputados y el Gobierno federal está sujeto a que el Ejército y la Marina sigan siendo quienes eviten un caos total en el país. Estamos condenados, según parece, a esperar que haya elecciones y una vez elegidos los nuevos gobernantes, decidan cuando mejor les parezca que ahora sí, van a enfrentarse al azote que padece México: la violencia y la inseguridad.
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